CHIHUAHUA, CHIH. – Este lunes 27 de abril de 2026, César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. La dimisión ocurre en medio de una profunda crisis política provocada por la muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales durante un operativo en la Sierra Tarahumara.
El detonante: El operativo en Morelos
La renuncia es consecuencia directa del incidente ocurrido a mediados de abril en el municipio de Morelos, donde un vehículo que transportaba a agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y a supuestos instructores de la Embajada de EE. UU. sufrió un accidente fatal. Investigaciones posteriores revelaron que los ciudadanos estadounidenses eran, en realidad, agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) que operaban en territorio mexicano sin los permisos oficiales del Gobierno Federal.
Asunción de responsabilidad
En su mensaje de despedida, Jáuregui Moreno reconoció que existieron “omisiones e inconsistencias” en la gestión de la información sobre la presencia extranjera en el estado. El ahora exfuncionario subrayó que, aunque el operativo logró desmantelar laboratorios de metanfetaminas, los resultados no justifican actuaciones fuera del marco legal.
“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley”, declaró Jáuregui al poner su cargo a disposición para garantizar la autonomía de las investigaciones.
Implicaciones políticas
La salida del fiscal busca restablecer la confianza pública en las instituciones de seguridad de Chihuahua tras los cuestionamientos del Senado de la República y del Gabinete de Seguridad Nacional. El caso ha generado tensiones diplomáticas, ya que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, denunció que desconocía la participación de agentes extranjeros en dichas acciones.
Por instrucción de la gobernadora Maru Campos, se ha creado una unidad especial encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva para esclarecer cada etapa del polémico operativo y determinar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
